Acerca del contrato de financiación de reclamaciones judiciales

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En estos días he tenido oportunidad de leer dos trabajos acerca del contrato de financiación de reclamaciones judiciales (Litigation Finance Contract): el publicado por los profesoresKalajdzic, Cashman y Longmoore (Universidad de Sidney) y el publicado por la profesora Steinitz (Universidad de Iowa).

En estos trabajos sus autores examinan el surgimiento y desarrollo en los países deCommon Law de una industria de financiación de reclamaciones judiciales, en las que algunas instituciones de inversión y especialmente sociedades de capital riesgo han encontrado un nuevo activo subyacente.

Las circunstancias de hecho que favorecen el florecimiento de este mercado y con él la extensión de este tipo negocial, en el sentido en el que cabe hablar de tipicidad fuera de los sistemas de Civil Law, son los elevadísimos costes que tiene el planteamiento de una reclamación judicial en los países anglosajones –tanto en honorarios de abogados, como en honorarios de los expertos (expert witnesses) encargados de elaborar informes periciales y de defender los mismos ante los tribunales-, la incertidumbre acerca del resultado del pleito y la expectativa de obtener unos elevados beneficios por la vía de una condena al resarcimiento de los daños cuya reparación se reclama –en este tipo de asuntos el demandante ejercita típicamente una acción de reclamación de daños y perjuicios- o, en su caso, incluso mediante la obtención de una sentencia en la que se condene al demandado al pago de daños punitivos.

Ambos estudios se detienen a considerar los conflictos de intereses que surgen entre el titular del derecho y el financiador de la reclamación judicial, quien en principio es un tercero ajeno a la relación jurídica en la que se funda la acción y, en consecuencia, es también un tercero ajeno al procedimiento civil en el que la misma se ejercita.

Es interesante observar que muchas de las objeciones que se han planteado al pacto dequota litis, especialmente las relativas al riesgo de que el ejercicio de la acción judicial acabe siendo controlado no por quien está legitimado para ejercitar la acción, sino por otra persona, cuyos intereses puedan no coincidir con los del accionante, aparecen ahora respecto del contrato de financiación de reclamaciones judiciales, con la circunstancia agravante de que en el caso del pacto de quota litis ese tercero es el abogado del reclamante y, por lo tanto tiene respecto de su cliente una serie de deberes deontológicos que, en caso de ser incumplidos, pueden dar lugar a la exigencia de la correspondiente responsabilidad disciplinaria, lo cual operaría, en principio como elemento disuasor de una conducta irregular; mientras que, por el contrario, en el caso del tercer financiador, éste no tiene respecto del reclamante ningún deber de hacer prevalecer los intereses de éste sobre los suyos propios, sino que, en tanto que parte de un contrato libre y voluntariamente convenido, tendrá los derechos y obligaciones que nazcan del mismo.

Este tipo de preocupaciones no han impedido la extensión de este contrato, no sólo en Estados Unidos y en Canadá, donde el pacto de quota litis está generalmente aceptado, sino también en Australia, donde está prohibido.

No obstante, sí se han puesto en marcha mecanismos de control consistentes en la obligación de hacer público al tribunal que conoce del pleito el contenido del contrato de financiación y, además, en el caso de Australia, en el sometimiento de este contrato a los requisitos generales que afectan a las inversiones colectivas y a la supervisión del correspondiente organismo regulador.

Leyendo estos trabajos me venía a la mente, aun siendo un negocio jurídico distinto, el precepto de nuestro Código Civil acerca de la cesión de créditos litigiosos (art. 1535) y revisando su redacción en una vieja edición encontré una referencia al precedente romano, las Constituciones de Constantino (C. 8.36 (37). 2) y de Justiniano (C. 8. 36 (37) 5. 4), que prohíben la cesión, de las que el Código Civil conscientemente se aparta, y una referencia a la regla romana, establecida en una Constitución de Honorio y Teodosio de año 422 (CJ.2.13.2), por la que se prohíbe expresamente que un acreedor ceda su crédito a una persona poderosa (ad potentiorem), por el miedo que estas personas podían causar a los deudores y por entender que no se debe amparar la voracidad (voracitas) de quienes venden su crédito a otros para que ejerciten sus propias acciones:

“Si cuiuscumque modi cautiones ad potentium fuerint delatae personas, debiti creditores iactura multentur. aperta enim credentium videtur esse voracitas, qui alios actionum suarum redimunt exactores.”* honor. et theodos. aa. iohanni pp. *


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